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O tamanho da corrupção no chavismo
A controladoria VÊ a existência de ‘empresas fantasmas’
1) EMPRESAS DE MALETÍN. Al menos una docena de contratistas de la Corporación Venezolana de Guayana recibió 12 millones de dólares para procesar materias primas, pero sin presentar requisitos obligatorios como el Registro de pequeña y mediana industria. La Contraloría General de la República destaca que uno de esos millones fue a parar a una importadora. "Queda en evidencia que la misma no es una empresa de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni partes y piezas necesarios para la transformación", concluye la auditoría.
Primero el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y luego la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, advirtieron sobre empresas de maletín que consiguieron dólares del Estado. Aunque la Contraloría no hace referencia a esas declaraciones y suprime los nombres de las firmas auditadas, acaba de dejar constancia de que sabe de al menos una docena que se llevaron 45 contratos en dólares para revender repuestos.

2) MEDICINAS VENCIDAS. Si bien la Contraloría General de la República viene advirtiendo desde 2010 sobre lotes de medicamentos que se vencen en las aduanas, esta vez encontró casos en los que el Gobierno pagó a Cuba por adelantado, por fármacos que sobraban en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, Sefar.
En su último informe señala el caso de 17 tipos de medicamentos que el Ministerio de Salud volvió a importar, a pesar de contar con más de 2,6 millones de dosis en inventario: "Adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación".
El año pasado también encontró lotes de fármacos por los que hubo que pagar casi 625.000 bolívares de más, a causa de los 4 y 5 meses que permanecieron en el Puerto de La Guaira. Entre otras irregularidades, añade el caso de 212.454 estuches de diagnóstico de glucosa, que pasaron más tiempo en aduana que en las farmacias.
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3) EXPROPIACIONES EN EL SUELO. El Gobierno desembolsó más 60 millones de dólares para adquirir la distribuidora de alimentos más grande del estado Bolívar, Frigoríficos Ordaz (Friosa), pero entretanto la Contraloría advierte que desapareció una parte de la flota de vehículos que venía con la empresa. Llama la atención, además, sobre una lista de 65 bienes, valorados en más de 705 mil bolívares, que ni siquiera encontraron registrados en los inventarios.
Antes de ser nombrada en la cartera de Defensa, la entonces ministra para el Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, solicitó una auditoría en Friosa y de ese proceso, la Contraloría encontró desde filtraciones en el techo de sus instalaciones hasta 6 de las 14 cavas de refrigeración dañadas: "Esta situación vulnera las normas que regulan las buenas prácticas de almacenamiento de alimentos para el consumo humano, y coloca en condiciones de riesgo la adecuada conservación y salvaguarda de los activos".

4) $7.000 MILLONES PERDIDOS. La Contraloría General de la República suma 4.381 obras de construcción que están paralizadas, algunas incluso desde antes del año 2006. Advierte sobre una cola de edificios y servicios públicos a medio hacer para los que, en total, se han erogado 30,8 millardos de bolívares fuertes.
Cada una de esas partidas –procesadas entre 2006 y 2011 y divididas por separado al tipo de cambio vigente para el momento de procesar la denuncia– advierten sobre más de 7.000 millones de dólares que se evaporaron.
"Las obras pendientes por concluir pudieran derivar en montos onerosos para la Nación, así como también en la prestación irregular y discontinua de los servicios", concluye el despacho de Adelina González en su último balance. "Estas situaciones conllevan al incumplimiento de las metas físicas, al encarecimiento de las obras, a la obsolescencia de la tecnología y las variables demográficas consideradas en la elaboración de los proyectos".

5) JUBILADOS EN VILO. En lugar de dar ganancias, los fondos de jubilaciones y pensiones de la Universidad Central de Venezuela y otras 10 casas de estudios están en riesgo, lo que pone en juego la seguridad social de miles de profesores universitarios que han ido abonando un porcentaje de su salario desde hace más de tres décadas.
"Las fundaciones, asociaciones y sociedades creadas y dirigidas por universidades públicas, no han cumplido ni podrán cumplir en el futuro con la misión para la cual fueron constituidas, de atender directamente el pago de las jubilaciones", anuncia desde ya la Contraloría.
Los fondos de pensiones están facultados para invertir los ahorros de sus socios en mercados financieros e inmobiliarios, pero en este caso se han encontrado pérdidas de más de 11 millones de bolívares, principalmente "por la incursión de los fondos en el mercado asegurador, en particular con una empresa de seguros, por Bs. 7.204.000".
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6) DESFALCO EN HOSPITALES. Si ya en 2010 la Contraloría había denunciado retrasos en más de 100 trabajos de reparación, modernización y ampliación de 8 hospitales de referencia nacional, esta vez añade que muchas de las empresas responsables aun no han terminado las obras a pesar de haber recibido anticipos por adelantado.
"La Fundeeh (Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario) celebró contratos con desviaciones en el plazo de ejecución que superaron hasta los 5 años", denuncia la Contraloría, pero sin precisar los nombres de las 10 empresas responsables. En su lugar, las clasifica por una serie de letras de la A a la J, que consiguieron contratos que suman casi 170 millones de bolívares fuertes, lo que –al cambio de 4,30 que regía en 2010– equivale a 40 millones de dólares.
"Al mes de junio del año 2012, los retrasos en la ejecución de las obras eran significativos, con su secuela en la privación de servicios asistenciales a la ciudadanía", lamenta el informe.

7) FALLAS EN LAS ADUANAS. La Contraloría logró documentar la pérdida de al menos 78 millones de dólares, que varios organismos del Gobierno tuvieron que gastar a partir de 2007, a causa de los alimentos que aparecieron descompuestos en los puertos y las respectivas multas que generaron por permanecer varados dentro de sus aduanas.
El organismo concluye que hubo fallas en una cadena que va desde Pdvsa, Pdval y Bariven hasta la aduana principal de Puerto Cabello. Cuatro años después del escándalo, sin embargo, no hay nombres de funcionarios y empresas involucradas;_la Contraloría no señala a los responsables, pero sí reitera que continúan las fallas en las aduanas de los puertos y aeropuertos: "Se concluye que existen debilidades en el cobro de intereses moratorios e imposiciones de multa por declaración extemporánea, incumplimiento de los plazos otorgados para el ingreso de mercancías bajo régimen de admisión temporal y los canales de comunicación entre las divisiones no son efectivos".

8) ADJUDICACIONES DIRECTAS. En las auditorías que revisaron las cuentas del Ministerio para la Energía Eléctrica se encontraron transacciones repartidas en diferentes facturas, para poder adjudicar compras y servicios directamente a determinadas empresas, sin necesidad de llamarlas a participar en concursos públicos.
"Se identificaron debilidades en cuanto a la programación de compras, lo que propició que no se efectuaran los concursos cerrados como está previsto en la Ley de Contrataciones Públicas", indica el último informe de actuaciones que la Contraloría General de la República acaba de publicar.
"De la evaluación efectuada (...) se concluye que la misma presenta fallas de control interno administrativo vinculadas con el proceso de selección y contratación en cuanto a la adquisición de bienes y la contratación de servicios en los proyectos (...) así como en el registro y control de materiales y suministros", añade el balance sobre las cuentas del Ministerio para la Energía Eléctrica.

9) ESTAFA IMPORTADA. Tras ocho años en mora, en Venezuela siguen reclamando las más de 8.000 viviendas prefabricadas que el Gobierno prometió construir con kits importados desde Uruguay.
Ya en el año 2009 la Contraloría había señalado irregularidades con las célebres "casas uruguayas". Entonces afirmó que solo habían dado con 11 de las unidades habitacionales que el Gobierno había encargado a la empresa extranjera Unión Metalúrgica Industria del Sur. En un nuevo informe, ahora agrega que el Ministerio para la Vivienda y Hábitat "debe exigirle a la referida empresa la entrega inmediata de los kits de vivienda restantes y en caso de no hacerlo, proceder a la aplicación de las sanciones estipuladas en el mismo".
El caso, entretanto, se está manejando entre los gobiernos de ambos países. Aunque el acuerdo original era por 155 millones de dólares, el diario El Observador de Montevideo informó esta semana que la cancillería uruguaya acaba de recibir una carta de protesta por 8 millones de dólares.

10) IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. Las auditorías internas de la Fuerza Armada Nacional presentan debilidades y fallas vinculadas con el sistema de control interno de las dependencias del Ministerio para la Defensa. En su más reciente informe de contraloría, el despacho de Adelina González llama a perfeccionar las auditorías y controles dentro de las instituciones militares, con el objetivo de evitar bienes públicos sin la identificación reglamentaria o cheques para viáticos a nombre de particulares.
Siete organismos adscritos al Ministerio para la Cultura también presentan fallas en una serie de controles internos, que van desde la ausencia de un inventario de bienes hasta errores en la aplicación de los presupuestos. En el caso de la Compañía Nacional de Teatro ni siquiera hay un auditor interno, por lo que la Contraloría General de la República recomienda, en su balance, convocar a un concurso público para seleccionar y designar a un profesional en el cargo.
Texto de Joseph Poliszuk publicado no diário EL UNIVERSAL, de Caracas
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José David Cabello y Tareck El Aissami
Senadores predispostos ao castigo
Para líderes do chavismo, com FORTUNAS em EUA
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, así como José David Cabello —hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello— y los generales de la Guardia Nacional involucrados en la represión en Venezuela encabezan la lista de chavistas a ser sancionados en una resolución que prepara el Senado de Estados Unidos, dijeron fuentes cercanas al proceso.
En la lista también aparece un venezolano considerado como testaferro del vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, y que viviendo en el sur de Florida maneja una gigantesca fortuna, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato.
“En una primera ronda aparecen cerca de unas 30 personas. En la lista final, aparecerían ciento y pico, pero esta primera ronda está centrada en la corrupción, en los represores y en quienes financian los colectivos”, señaló la fuente desde Washington.
La iniciativa, que congelaría las millonarias cuentas de altos personajes del chavismo y de sus testaferros, forma parte de los esfuerzos de legisladores estadounidenses para ayudar a la población venezolana que protesta diariamente en las calles contra el chavismo. Perturbadores videos, fotografías y testimonios dan cuenta de la represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes, acciones que han dejado un saldo de 41 muertos, cerca de 700 heridos, decenas de torturados y más de 2,000 detenidos.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, uno de los principales promotores del proyecto de ley en la cámara alta, dijo en una rueda de prensa realizada en Doral que en el Congreso de Estados Unidos se está conformando un consenso bipartidista que está cada vez más dispuesto a actuar para ayudar a millones de venezolanos que están siendo víctimas de la opresión.
“Cada día hay individuos que están sufriendo a manos del gobierno, a manos de estos colectivos, que realmente son organizaciones paramilitares al estilo cubano que son utilizados para oprimir a un pueblo”, expresó Rubio, quien estuvo acompañado por el otro senador de Florida, el demócrata Bill Nelson.
“Cuando regresemos a Washington en dos semanas, esperamos una audiencia pública de todo el Comité de Relaciones Exteriores para analizar el tema de Venezuela y al que vamos a invitar a figuras de la oposición para que den su testimonio sobre la realidad venezolana”, agregó.
Entre las personas invitadas estará la diputada opositora María Corina Machado, dijo una de las fuentes en Washington.
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Los legisladores de Florida, incluyendo a la congresista Ileana Ros-Lehtinen, han estado entre los principales promotores de dos proyectos de ley, introducidos en ambas cámaras del Congreso, que castigarían a altos funcionarios del régimen de Maduro.
En la iniciativa del Senado figura el nombre de José David Cabello como uno de los posibles sancionables.
José David se ha convertido en una influyente pieza en el engranaje del régimen de Caracas que ha ido creciendo a la sombra de su hermano Diosdado, número dos del chavismo y quien ha sido identificado por los documentos del Departamento de Estado filtrados por WikiLeaks como uno de los polos de la corrupción en Venezuela.
José David, quien lleva tiempo desempeñándose como jefe de la agencia de recolección de impuestos de Venezuela, fue designado recientemente como ministro de Industrias, en una decisión de Maduro que fortalece su posición dentro del chavismo.
Otro de los polos de la corrupción identificados por los cables filtrados de WikiLeaks es Rafael Ramírez, quien además de vicepresidente es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela y se ha convertido en el hombre que lleva la chequera de la “revolución bolivariana”.
En la lista de nombres que está siendo preparada aparece asimismo el de Diego Salazar Carreño, un primo de Ramírez que según los expertos que están asesorando a los legisladores también se ha convertido en uno de los hombres más ricos de América Latina.
“La fortuna a su nombre ya no puede ser medida en cientos de millones de dólares”, dijo una de las fuentes consultadas.
Salazar tiene propiedades y reside ocasionalmente en Palm Beach, agregó la fuente.
Los legisladores también tienen la mira puesta sobre El Aissami, un temido funcionario chavista que mantiene estrechos vínculos con los colectivos y uno de los dirigentes más cercanos a Teherán y promotores de la presencia del Hezbolah en Venezuela, según las fuentes en Washington.
El nombre de El Aissami aparece en la lista preliminar al igual que el de uno de sus más cercanos colaboradores, Samar López, quien según las fuentes es uno de los testaferros del gobernador de Aragua.
Entre las obligaciones de López está la de financiar directamente los grupos paramilitares que están detrás de gran parte de la violencia contra los manifestantes, dijeron las fuentes.
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O promotor da ideia: senador republicano Marco Rubio
Y quienes preparan la lista están colocando gran atención en la oficialidad de la Guardia Nacional, y en particular quienes encabezan los distintos Comandos Regionales.
Las fuentes explicaron que las averiguaciones han recaído sobre los comandos regionales que acumulan el mayor número de acusaciones de violaciones de los derechos humanos, incluyendo los de Caracas y Valencia.
Algunos de los generales investigados tienen familiares con propiedades en Estados Unidos, dijeron las fuentes.
Además de los jefes de los comandos, conocidos como COREs en Venezuela, los autores están colocando bajo la lupa al comandante de la Guardia Nacional, el general mayor Justo Noguera y el jefe del Comando de Operaciones, el general Antonio Benavides Torres.
En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, la lista que está siendo preparada en el Senado sería presentada ante el Departamento del Tesoro, entidad que estaría encargada de aplicar las sanciones.
Pero la administración del presidente Barack Obama está actualmente facultada para imponer las sanciones por su propia cuenta, sin tener que esperar a que el Senado apruebe el proyecto de ley, explicó la congresista Ros-Lehtinen desde Miami.
“La mejor ruta es que el presidente, usando los poderes que él ya tiene, imponga estas restricciones. El ya lo ha hecho con Sudan del Sur, con Irán y con Siria y con otros países y no entendemos por qué el caso de Venezuela no merece ese trato”, comentó Ros-Lehtinen.
En caso de que la administración de Obama decida no hacerlo también queda el proyecto de ley en el Senado, capitaneado por Rubio, Nelson, así como por el senador demócrata Bob Menéndez y otros senadores preocupados por las alarmantes imágenes de violencia que emergen de Venezuela.
Si la iniciativa en el Senado se ve obstaculizada por alguna razón, también queda un proyecto de ley similar introducido por Ros-Lehtinen, junto con algunos de los otros congresistas del sur de Florida.
No obstante, la iniciativa en la cámara baja sería más complicada de aprobar que la que está siendo adelantada en la cámara alta, dijo.
Texto de Antonio Maria Delgado publicado no diário EL NUEVO HERALD, de Miami
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Um campeão indesejável
Responsável por metade das mortes de ambientalistas no mundo

Já se passaram mais de 25 anos da morte de Chico Mendes, o humilde seringueiro do Acre (norte brasileiro) que se converteu em símbolo internacional da defesa do médio ambiente. E Brasil, o país onde foi assassinado por tentar que os especuladores não destruíssem a Amazônia, continua sendo o local mais perigoso do mundo para os ativistas ambientais. A afirmação faz parte do relatório da ONG Global Witness, apresentado nesta terça, que reuniu os assassinatos de defensores do meio ambiente em todo mundo entre 2002 e 2013. Sua conclusão é devastadora: o número de mortes não deixa de crescer. Dos 908 casos que pôde documentar a organização em 35 países, 448 se produziram no Brasil (49,33%).

Em 2002 foram registrados 51 assassinatos. Em 2012, o pior da série, foram 147. Os autores do relatório reconhecem que a informação é escassa e seguramente seus dados só mostrem a ponta do iceberg. Afirmam, por exemplo, que é muito provável que países africanos como Nigéria, a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana ou Zimbábue também estejam sendo afetados, mas sua metodologia de trabalho —baseada em documentação confiável e na verificação dos dados por parte de parceiros locais— não permitiu fazer uma análise exaustiva. Daí que as piores cifras estejam na América Latina e na Ásia, onde puderam contrastar a informação. Brasil, com 448 assassinatos, é seguido por Honduras, com 109, e Filipinas, com 67.

O relatório ressalta um dos aspectos que já destacou em 2011 a Relatora Especial da ONU sobre a situação dos defensores dos direitos humanos, Margaret Sekaggya: a impunidade. A organização só tem conhecimento de que tenham sidos julgadas e condenadas 10 pessoas por estes mais de 900 crimes. “Existem poucos sintomas mais determinantes e óbvios da crise ambiental mundial que um dramático aumento no assassinato de cidadãos que defendem os direitos sobre a terra ou o meio ambiente. No entanto, este problema que está se agravando tão rapidamente está acontecendo praticamente desapercebido e, na grande maioria dos casos, os responsáveis estão saindo livres”, assegura Oliver Courtney, porta-voz da Global Witness.
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Em seu relatório, a relatora da ONU reuniu casos de detenções e assassinatos de defensores dos direitos humanos que protestavam por questões relacionadas com os recursos naturais e os direitos sobre a terra. “Pertencem em sua maioria a populações indígenas e minorias”, assinalou. E são “mais vulneráveis pois as áreas onde trabalham são remotas”.

Para Barbara Ruis, assessora legal do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi “impactante” conhecer as cifras do relatório. O problema, no entanto, não a surpreende: “Nos últimos anos estamos vendo como emergem cada vez mais conflitos ambientais em todo mundo”, explica por telefone de Genebra. As cifras são de assassinatos, mas há muitas outras lutas, e outras agressões a ativistas que brigam por viver em um meio são, que não chegam a ser conhecidas, acrescenta. “É importante que se saiba que há muita gente lutando por seus direitos ambientais”.

Não é só a falta de informação, ou a impossibilidade de contrastar os dados, o que faz com que os autores do relatório achem que eles estejam subestimados. Os assassinatos são a situação mais extrema; antes, ou além disso, podem ter existido ameaças, intimidação, violência ou criminalização. A relatora da ONU ressaltou uma circunstância recente: “Acusaram [...] os habitantes de aldeias que se manifestam contrários a megaprojetos que ameaçam o meio ambiente e seus meios de vida”, destacou, entre outros exemplos de criminalização de movimentos sociais como acusar em tribunais antiterroristas agricultores “por se manifestarem contra as forças de segurança do Estado que tentavam expulsá-los de suas terras”.

Courtney assegura que sua intenção com a publicação do trabalho é chamar a atenção da comunidade internacional e dos Governos para um problema que não deixa de crescer. Não é a primeira advertência. Anistia Internacional (AI) alertou no último verão que a recente morte do biólogo espanhol Gonzalo Alonso Hernández era mais um exemplo de contínuos ataques que sofrem os ativistas no Brasil a mãos das forças de segurança, paramilitares e grupos criminosos. Esta organização denunciou na época que ao menos 20 pessoas haviam sido assassinadas no país entre 2011 e 2012 por defender o meio ambiente. Segundo a contagem de Global Witness, foram 64.

Mais de 80% dos assassinatos compilados pelo relatório ocorreram na América Latina. Estes casos se multiplicam, assegura o relatório, à medida que aumenta a concorrência pelos recursos naturais. O desmatamento da Amazônia é um bom exemplo disso. Após quatro anos seguidos de queda na superfície de mata perdida, em 2013 o desflorestamento voltou a aumentar 28%. Os ecologistas o atribuíram ao afrouxamento das leis que protegem a selva. Segundo o relatório, as regiões mais afetadas são também as que mais registraram violência contra os ativistas que tentar impedir a destruição da mata.
Texto de Elena G. Sevillano publicado no diário EL PAÍS, de Madrid
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Contra tudo e contra todos:
A procissão da ANARCOFRADÍA DEL SANTÍSIMO COÑO
Pocas horas faltan para que dé comienzo la Semana Santa. El incienso, los monaguillos, las chaquetas. Las hermandades esperan ansiosas, aunque algunas ya se han adelantado. Ayer la Anarcofradía del Santísimo Coño Insumiso y el Santo Entierro de los Derechos Sociolaborales realizó su salida procesional. Sin incienso, sin monaguillos y sin saetas. Pero con reivindicaciones. La Confederación General de Trabajadores (CGT) realizó una original protesta “contra la represión sindical” en la empresa de transportes Damas, con una procesión en la que sacaron a la calle un ‘Coño Insumiso’ vestido de virgen y un ataúd donde se hallaban los derechos sociales y laborales de los trabajadores.
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La procesión discurrió desde la sede de la CGT hasta la Estación de Autobuses Plaza de Armas, donde se encuentra la empresa de autobuses Damas en Sevilla, responsable, según explican, de despedir a varias personas de su plantilla “por exigir el cumplimiento” de los derechos laborales básicos. “Hay compañeros que son muy exigentes y reclaman el respeto de las normas de seguridad, y eso a la empresa le molesta”, explicó Lisardo Baena, secretario de Transportes en el sindicato. Ante estas reclamaciones, el secretario aseguró que la empresa “contesta atacando a los compañeros, creando falsas acusaciones o buscando cualquier tipo de argumentos para ponerlos en la calle”.
El sindicato manifiesta que ha sido una movilización de apoyo a la extrabajadora de la empresa Loli Martín por su “despido injusto”. Según Loli, la empresa justifica su despido como “objetivo” por una reestructuración de línea, aunque afirma que “es mentira”. “Desde hace dos años he sufrido una persecución, he sido sancionada en cuatro ocasiones, y como no me pudieron despedir disciplinariamente, pues aprovecharon la reestructuración para decir que ha sido objetivo”, denunció.
Desde 2003 Loli ha sido la única mujer en la plantilla de la empresa. Considera que ha sufrido además de la discriminación sindical, vejaciones personales y tratos homófobos por expresar abiertamente su condición sexual, aunque aclara que “es muy difícil demostrarlo”.
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La extrabajadora reconoce que, junto a sus compañeros, ha sufrido “una persecución sindical increíble” y enumera sus reivindicaciones sobre las jornadas excesivas de trabajo: ”No podemos conducir más horas de las que marca la ley, porque pone en peligro a los usuarios”. Loli ha denunciado su despido ante el juzgado de lo social y espera su juicio, que se celebrará el próximo día 24 de abril.
“Con la reforma laboral las empresas lo tienen muy fácil para despedir a gente que le son molestos”. En este caso, Loli se refiere a los que reclaman el cumplimiento de la legalidad en la empresa. Asimismo, explica que en tres años y medio han sido despedidos cinco trabajadores del sindicato. “La empresa no quiere a la gente de la CGT. En mi caso, la empresa dice que es un despido objetivo, pero a los tres días contrata a 15 personas para hacer el trabajo que yo realizaba”.
La CGT ha presentado a la Junta de Andalucía un dossier con todos los supuestos incumplimientos legales de Damas. El secretario de Transportes considera que la administración andaluza cuando concede las líneas debería tener en cuenta esas quejas, “y no sólo conceder la línea al mejor postor por cuestión económica”. Explica, también, que la situación es generalizable a todo el sector de transporte por carretera de pasajeros.
El Santísimo Coño Insumiso procesionó para decir abiertamente e irónicamente “hasta donde están” y, sobre todo, que les dejen “hacer lo que quieran” con su ‘vida’ sin tener en cuenta las preferencias sexuales de una persona. Ayer reclamaron derechos y censuraron discriminaciones. Una procesión para “pedir justicia”, como los manifestantes exigieron ayer por las calles de la capital.
Texto de JOAQUÍN FERNÁNDEZ
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